Ante la publicación de varios medios de comunicación, de la ubicación de la vivienda de la jueza que llevaba el caso de la lanzadera de Galdakao a Etxebarri, ya nos hemos pronunciado desde el ayuntamiento declarando lo grave del asunto.
Además de poner en cuestión la actuación de los jueces e insinuar que las decisiones judiciales se toman en función de sus intereses particulares, es un ataque totalmente directo a la independencia del Poder Judicial y en éste caso, a la magistrada en cuestión.
No solo eso, si no que también se ha manifestado la gravedad de señalar el domicilio de un miembro del poder judicial.
A raíz de estas declaraciones y de estas noticias, otros tantos medios de comunicación se hacían eco de la polémica. Incluso la asociación de Jueces Para la Democracia (JPD) salían en defensa de la magistrada.
«Cuando no hay argumentos jurídicos, se trata de desacreditar a la juez” es el titular que usaba la cadena ser para informar de que el coordinador de JPD Euskadi defiende la honorabilidad de la magistrada. Dejando claro también que <<Fuentes judiciales hablan ya abiertamente de «campaña de difamación”>>
“Revelan el domicilio de una juez en Bizkaia para cuestionar su resolución”. En esta ocasión es El País en su versión digital quien hace uso de éste titular, los cuales suponemos que no estarán gustando mucho entre los magistrados.
En 20minutos.es desde la asociación de jueces, dejaban bien claro que “criticar la trayectoria personal de la juez en lugar de la resolución judicial, no es una forma racional de cuestionar una decisión judicial”.
Otros medios, como El Mundo, hablan de “un ataque personal a la magistrada de la lanzadera”. Aner Uriarte, juez decano de Bilbao, sentencia que “para discutir el auto de la juez hay que ofrecer argumentos jurídicos” tachando de irresponsabilidad señalar la dirección de cualquier juez en concreto, hace años incluso, habría sido aún más irresponsable.
Es de recalcar que los juzgados de lo contencioso, toman decisiones relativas a lo administrativo, por lo que un juez, por hacer uso de los servicios públicos de sanidad, no debería ser incapaz o imparcial para tomar una decisión sobre una cuestión administrativa que implique dichos servicios, por ejemplo.
Como ya se ha aclarado en nota de prensa, lo único cierto a día de hoy es que el Juzgado nº 2 ha desestimado las medidas cautelarísimas solicitadas por el Ayuntamiento de Galdakao y se abre el proceso ordinario de solicitud de medidas cautelares. El Ayuntamiento de Etxebarri dispone de 5 días para presentar por escrito las alegaciones a esa solicitud.
En éste proceso, se tomarán decisiones que gustarán a unos, y no tanto a otros, pero habrá que respetar las reglas del juego. Este grupo ya ha comunicado públicamente que acatará cada una de las medidas derivadas del contencioso-administrativo.
Hacer estas declaraciones, señalando a los magistrados, afirmando que las decisiones tomadas están contaminadas, pero sin cuestionar su capacidad, viene a ser aquello de tirar la piedra y esconder la mano.
Son realmente esas declaraciones las que suponen una contaminación clara del proceso, un ataque contra la independencia del Poder Judicial y solo buscan presionar mediaticamente a los órganos implicados.
