- El juez archiva la causa y exonera a los alcaldes Loren Oliva e Iker López al no apreciar indicios de delito
- El juez concluye que no hubo delito ni perjuicio a terceros y señala que la formación cuestionada no era un requisito obligatorio
El Ayuntamiento de Etxebarri ha dado un paso firme para cerrar definitivamente la polémica suscitada por el proceso de contratación de agentes de la Policía Local entre los años 2019 y 2024. Y es que el caso judicial abierto por la contratación de agentes de la Policía Local en Etxebarri ha quedado archivado tras no encontrarse indicios de delito por parte del juez instructor. La decisión judicial exonera de toda responsabilidad penal a los alcaldes Loren Oliva e Iker López, así como a los suboficiales y funcionarios investigados.
La controversia comenzó en agosto de 2023, cuando el propio Ayuntamiento detectó una posible irregularidad en uno de los documentos de contratación y, en un ejercicio de transparencia, decidió ponerlo en conocimiento de la Fiscalía en mayo de 2024. A pesar de esta actuación proactiva, la Sección Central de Investigación Criminal y Policía Judicial (SCIC-PJ) inició diligencias penales que incluyeron a los máximos responsables municipales, generando una fuerte repercusión mediática tras filtrarse la existencia de la causa.
El auto judicial, emitido en enero de 2025, concluye que no hubo falsificación de un título habilitante, sino en todo caso una falsedad leve sobre un mérito formativo que no afectó a terceros ni alteró la selección, ya que no había más candidatos. Además, el juez destaca que el propio Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, que emite las placas y carnés profesionales, no puso ninguna objeción a los nombramientos en su momento.
En ese sentido, el Ayuntamiento considera “llamativo” que haya sido este mismo organismo quien iniciara posteriormente una denuncia, desentendiéndose de su responsabilidad en el procedimiento y basando su acusación en una interpretación errónea de la Ley de Policía Vasca, según recoge el propio auto judicial.
Como respuesta a todo lo ocurrido, nuestro grupo desde el Ayuntamiento ha anunciado que solicitará una reunión con los máximos responsables de la Viceconsejería de Interior. El objetivo: exigir explicaciones al Departamento de Seguridad por su actuación contradictoria, y reclamar también una investigación sobre las filtraciones a la prensa, que podrían constituir un ilícito penal.
En este contexto, nuestro grupo municipal La Voz del Pueblo (LVP) presentamos en el pleno del pasado martes 27 de mayo una moción que fue aprobada con los votos a favor del equipo de gobierno La Voz del Pueblo y la abstención de EH Bildu, PNV y PSOE. En ella se expresa el respaldo institucional a los alcaldes y funcionarios implicados, se exige una disculpa pública al Departamento de Seguridad por los daños causados a la imagen del Ayuntamiento, y se reclama una revisión del modelo de colaboración entre instituciones en materia de Policía Local.
La moción también subraya la necesidad de investigar por qué Etxebarri ha sido el único municipio vasco objeto de una investigación de este tipo, a pesar de que otros ayuntamientos —incluso gobernados por formaciones como PNV o EH Bildu— también han recurrido a bolsas alternativas de contratación ante la falta de personal en la bolsa de la AVPE (Academia Vasca de Policía y Emergencias) y donde el curso que en su primera denuncia se exigía al Ayuntamiento de Etxebarri como obligatorio tampoco constaba como requisito para el acceso a esas bolsas.
El Ayuntamiento se compromete ahora a dar publicidad al auto judicial para que quede constancia pública de la ausencia de delitos, y a seguir defendiendo la labor y la integridad de los trabajadores municipales y del cuerpo de Policía Local públicamente.
