Nota de prensa remitida hoy desde el ayuntamiento de Etxebarri.
Ante la aparición en prensa de diversas informaciones relativas a la supuesta residencia en Etxebarri de la juez responsable de denegar las medidas cautelarísimas solicitadas por la Diputación Foral de Bizkaia en el caso de la Línea A3932 Galdakao – Etxebarri (lanzadera), el Ayuntamiento de Etxebarri informa que:
- A pesar del trabajo realizado durante dos años y medio intentando buscar la mejor alternativa para todos/as, el proceso ha terminado en los juzgados. Este Ayuntamiento ha agotado todas las posibilidades y ha sido proactivo en la búsqueda de soluciones hasta el último momento. La falta de voluntad por parte de la Diputación para solucionar un problema de seguridad vial y peatonal que ya se advirtió en el mes de noviembre de 2014, ha provocado que el ente foral interponga un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Ayuntamiento de Etxebarri.
- Será ahora el poder judicial quien determine qué es lo que, finalmente, se debe hacer con ese autobús. En este proceso habrá decisiones que beneficien a unos/as y perjudiquen a otros/as pero, en todo caso, habrá que respetar las reglas del juego. Este Ayuntamiento ha comunicado públicamente que acatará cada una de las medidas derivadas del contencioso-administrativo.
- Lo que resulta gravísimo es llegar a poner en cuestión la actuación de los jueces e insinuar que las decisiones judiciales se toman en función de sus intereses particulares, un ataque directo a la independencia del Poder Judicial como parte fundamental del Estado de Derecho.
- Otro aspecto que resulta gravísimo desde el punto de vista ético e, incluso, jurídico es llegar a indicar el lugar en el que vive la juez, vulnerando el derecho a la intimidad y seguridad de las personas máxime cuando en esa misma zona se han producido distintos altercados y hay 4 jóvenes identificados por ello.
- Lo único cierto a día de hoy es que el Juzgado nº 2 ha desestimado las medidas cautelarísimas solicitadas por el Ayuntamiento de Galdakao y se abre el proceso ordinario de solicitud de medidas cautelares. El Ayuntamiento de Etxebarri dispone de 5 días para presentar por escrito las alegaciones a esa solicitud.
Estos artículos de prensa lo único que persiguen es presionar mediática y políticamente a los órganos judiciales, lo que efectivamente supone una contaminación clara del proceso y un ataque contra la independencia del Poder Judicial.
